El presidente Hugo Chávez, con motivo del programa especial que inició durante 96 horas por el 10mo. aniversario de su programa Aló Presidente -al que describió como una “artillería gruesa de la revolución (…) artillería del pensamiento”- señaló que después de estos 10 años, ya “sabemos cómo hacer revolución” e indicó que a las 19:00 hará una 2da. transmisión.
Leyó también una columna de Fidel Castro Ruz publicada el miércoles 27/05 en La Habana, Cuba, en la que el líder cubano alabó a 'Alo Presidente' como instrumento revolucionario.
El programa lo transmitió desde el estado Zulia, lugar donde activó la 2da. unidad de Termozulia II, proyecto de US$ 570 millones que producirá 150 megavatios ("La 1ra. unidad de Termozulia II produce también 150 megavatios. Cerramos con las 2 unidades con 350 megavatios. Energía para la vida").
Chávez reconoció que el sistema eléctrico venezolano se encuentra "al borde del colapso" pero que los trabajos que se harán garantizarán la seguridad energética del país para la próximos 20 años: "No se trata sólo de invertir en la generación, sino en las líneas, los transformadores, y todo el sistema de distribución", explicó.
Chávez salió en defensa dee sus seguidores, quienes "han madurado", ya que ahora no agreden ni pitan en actos públicos a los medios de comunicación ("que se comportan como partidos políticos").
"Hace tiempo que no veo eso", dijo el jefe de Estado venezolano.
Entonces, sugestivamente, introdujo el tema del canal de noticias Globovisión, exigiéndole públicamente a los organismos competentes que asuman una posición ante “el envenenamiento” que, según Chávez, transmite Globovisión.
“Es un virus, un veneno que puede llevar a cometer graves delitos y atentar incluso, contra la vida de alguien. Eso es lo que se busca”, dijo el Presidente.
Luego, él dijo que le importa “un comino lo que diga el mundo” y agregó: "Diosdado Cabello, estoy esperando".
Diosdado Cabello fue vicepresidente venezolano de Chávez y hoy día es el Ministerio de Vivienda y Obras Públicas (es el Julio de Vido bolivariano). Días pasados, Chávez le encargó a Cabello que -junto al ente estatal Conatel- investigue las posibles sanciones que podrían caer contra el canal Globovisión.
“Debería actual la Fiscalía. ¿Dónde se ha visto que llega alguien a un programa de televisión y diga que el Presidente va a terminar colgado como (Benito) Mussolini y no esté preso? ¡Eso es un delito!”, dijo Chávez, aludiendo a una entrevista del programa de Globovisión, Aló Ciudadano, al periodista y editor del diario El Nuevo País, Rafael Poleo.
“Están incitando a mi asesinato”, dijo Chávez, muy enojado.
“Señora fiscal general, Luisa Ortega, le hago un emplazamiento público a que usted con sus fiscales cumplan con su función ante el pueblo. Señora presidenta del Tribunal Superior de Justicia, cumplan con su función que para eso están allí y sino, renuncien a su cargo y que gente con coraje asuma”, dijo.
Advirtió que si no se cumple con la ley, actuará él por sus “propios medios”.
“Yo quisiera que los que están detrás del manejo enfermizo de algunos medios de comunicación recapacitaran (…) sino recapacitan, no tendremos otro camino que la aplicación de la ley ¡Estamos obligados!”
En tanto, preventivamente, el Servicio Autónomo de Registros y Notarias informó que los bienes que posean los medios radioeléctricos no pueden ser traspasados, vendidos ni sometidos a otro tipo de trámite, sin previa autorización.
Esto apunta a impedir que los activos de un canal puedan ser traspasados antes de su eventual expropiación.
Texto completo del comunicado:
"Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en la oportunidad de enviarle un cordial saludo revolucionario y bolivariano e informales que en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el ciudadano Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, se prohibe la protocolización y/o autenticación de documentos de venta, traspaso, permuta u otros tipos de trámites relacionados con medios radioeléctricos, sin previa autorización del tiutlar de este despacho o del Ministerio del Poder Popular de obras Públicas y Vivienda.
Por lo antes expuesto, esta dirección General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, le exhorta dar estricto cumplimiento al contenido de la citada circular.
Maria Eugenia Urbina,
Directora General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías".
En tanto, en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos publicado hoy, Amnistía Internacional dedica un capítulo a Venezuela en el que critica además las protestas en cárceles de todo el país por las malas condiciones de reclusión, y la "falta de voluntad política" de las autoridades para aplicar la ley para contra la violencia a las mujeres.
AI afirmó que recibió informes "sobre agresiones a periodistas por parte de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad" de Venezuela, donde, según resalta, "la inseguridad pública siguió siendo un problema, debido en parte al elevado número de armas pequeñas en circulación, incluso en los centros penitenciarios".
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dictó un total de 66 decretos sobre "un amplio abanico de asuntos" en los 18 meses que estuvo en vigor la "ley habilitante" y que quedó sin efecto el 31 de julio de 2008.
Uno de esos decretos obligaba a una persona a informar sobre sus conciudadanos si no quería ser objeto de acciones judiciales. Esta ley fue derogada en junio, un mes después de su promulgación, con motivo de las protestas que suscitó, recuerda Amnistía Internacional en su informe.
Pese a que se registraron "algunos avances" en el combate de la violencia contra las mujeres, la ley promulgada en 2007 con ese objetivo no contó con la voluntad política de las autoridades locales y la policía para aplicarla y hacerla efectiva, según Amnistía Internacional.
En este apartado, la organización pro derechos humanos cita el caso de Alexandra Hidalgo, quien fue sometida a torturas y violación durante 7 horas. Al finalizar 2008, sólo dos de los agresores habían comparecido ante la justicia.
Asimismo, Amnistía Internacional afirmó que las autoridades venezolanas intentaron "socavar la legitimidad del trabajo de derechos humanos formulando acusaciones infundadas contra organizaciones que defendían esos derechos", y la expulsión del país de directivos de la ONG Human Rights Watch tras publicar un informe en el que se criticaba al Gobierno de Chávez.
Entre esos casos, Amnistía Internacional citó la muerte, al parecer a golpes propinados por hombres armados, del anciano padre de Sabino Romero Izarra, uno de los dirigentes de la comunidad indígena yukpa, envuelta en una disputa con terratenientes en el estado de Zulia.
También fue amenazado de muerte José Luis Urbano, presidente de la Fundación Pro-Defensa del Derecho a la Educación, tras denunciar irregularidades en una escuela, añade.
El informe de Amnistía Internacional se refiere también a una ley aprobada por Chávez para la reforma policial y al anuncio de la Fiscalía General del Estado de que en 2009 crearía un equipo de investigación para examinar los más de 6.000 casos denunciados de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2000 y 2007.
Urgente24
Leyó también una columna de Fidel Castro Ruz publicada el miércoles 27/05 en La Habana, Cuba, en la que el líder cubano alabó a 'Alo Presidente' como instrumento revolucionario.
El programa lo transmitió desde el estado Zulia, lugar donde activó la 2da. unidad de Termozulia II, proyecto de US$ 570 millones que producirá 150 megavatios ("La 1ra. unidad de Termozulia II produce también 150 megavatios. Cerramos con las 2 unidades con 350 megavatios. Energía para la vida").
Chávez reconoció que el sistema eléctrico venezolano se encuentra "al borde del colapso" pero que los trabajos que se harán garantizarán la seguridad energética del país para la próximos 20 años: "No se trata sólo de invertir en la generación, sino en las líneas, los transformadores, y todo el sistema de distribución", explicó.
Chávez salió en defensa dee sus seguidores, quienes "han madurado", ya que ahora no agreden ni pitan en actos públicos a los medios de comunicación ("que se comportan como partidos políticos").
"Hace tiempo que no veo eso", dijo el jefe de Estado venezolano.
Entonces, sugestivamente, introdujo el tema del canal de noticias Globovisión, exigiéndole públicamente a los organismos competentes que asuman una posición ante “el envenenamiento” que, según Chávez, transmite Globovisión.
“Es un virus, un veneno que puede llevar a cometer graves delitos y atentar incluso, contra la vida de alguien. Eso es lo que se busca”, dijo el Presidente.
Luego, él dijo que le importa “un comino lo que diga el mundo” y agregó: "Diosdado Cabello, estoy esperando".
Diosdado Cabello fue vicepresidente venezolano de Chávez y hoy día es el Ministerio de Vivienda y Obras Públicas (es el Julio de Vido bolivariano). Días pasados, Chávez le encargó a Cabello que -junto al ente estatal Conatel- investigue las posibles sanciones que podrían caer contra el canal Globovisión.
“Debería actual la Fiscalía. ¿Dónde se ha visto que llega alguien a un programa de televisión y diga que el Presidente va a terminar colgado como (Benito) Mussolini y no esté preso? ¡Eso es un delito!”, dijo Chávez, aludiendo a una entrevista del programa de Globovisión, Aló Ciudadano, al periodista y editor del diario El Nuevo País, Rafael Poleo.
“Están incitando a mi asesinato”, dijo Chávez, muy enojado.
“Señora fiscal general, Luisa Ortega, le hago un emplazamiento público a que usted con sus fiscales cumplan con su función ante el pueblo. Señora presidenta del Tribunal Superior de Justicia, cumplan con su función que para eso están allí y sino, renuncien a su cargo y que gente con coraje asuma”, dijo.
Advirtió que si no se cumple con la ley, actuará él por sus “propios medios”.
“Yo quisiera que los que están detrás del manejo enfermizo de algunos medios de comunicación recapacitaran (…) sino recapacitan, no tendremos otro camino que la aplicación de la ley ¡Estamos obligados!”
En tanto, preventivamente, el Servicio Autónomo de Registros y Notarias informó que los bienes que posean los medios radioeléctricos no pueden ser traspasados, vendidos ni sometidos a otro tipo de trámite, sin previa autorización.
Esto apunta a impedir que los activos de un canal puedan ser traspasados antes de su eventual expropiación.
Texto completo del comunicado:
"Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en la oportunidad de enviarle un cordial saludo revolucionario y bolivariano e informales que en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el ciudadano Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, se prohibe la protocolización y/o autenticación de documentos de venta, traspaso, permuta u otros tipos de trámites relacionados con medios radioeléctricos, sin previa autorización del tiutlar de este despacho o del Ministerio del Poder Popular de obras Públicas y Vivienda.Por lo antes expuesto, esta dirección General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, le exhorta dar estricto cumplimiento al contenido de la citada circular.
Maria Eugenia Urbina,
Directora General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías".
En tanto, en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos publicado hoy, Amnistía Internacional dedica un capítulo a Venezuela en el que critica además las protestas en cárceles de todo el país por las malas condiciones de reclusión, y la "falta de voluntad política" de las autoridades para aplicar la ley para contra la violencia a las mujeres.
AI afirmó que recibió informes "sobre agresiones a periodistas por parte de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad" de Venezuela, donde, según resalta, "la inseguridad pública siguió siendo un problema, debido en parte al elevado número de armas pequeñas en circulación, incluso en los centros penitenciarios".
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dictó un total de 66 decretos sobre "un amplio abanico de asuntos" en los 18 meses que estuvo en vigor la "ley habilitante" y que quedó sin efecto el 31 de julio de 2008.
Uno de esos decretos obligaba a una persona a informar sobre sus conciudadanos si no quería ser objeto de acciones judiciales. Esta ley fue derogada en junio, un mes después de su promulgación, con motivo de las protestas que suscitó, recuerda Amnistía Internacional en su informe.
Pese a que se registraron "algunos avances" en el combate de la violencia contra las mujeres, la ley promulgada en 2007 con ese objetivo no contó con la voluntad política de las autoridades locales y la policía para aplicarla y hacerla efectiva, según Amnistía Internacional.
En este apartado, la organización pro derechos humanos cita el caso de Alexandra Hidalgo, quien fue sometida a torturas y violación durante 7 horas. Al finalizar 2008, sólo dos de los agresores habían comparecido ante la justicia.
Asimismo, Amnistía Internacional afirmó que las autoridades venezolanas intentaron "socavar la legitimidad del trabajo de derechos humanos formulando acusaciones infundadas contra organizaciones que defendían esos derechos", y la expulsión del país de directivos de la ONG Human Rights Watch tras publicar un informe en el que se criticaba al Gobierno de Chávez.
Entre esos casos, Amnistía Internacional citó la muerte, al parecer a golpes propinados por hombres armados, del anciano padre de Sabino Romero Izarra, uno de los dirigentes de la comunidad indígena yukpa, envuelta en una disputa con terratenientes en el estado de Zulia.
También fue amenazado de muerte José Luis Urbano, presidente de la Fundación Pro-Defensa del Derecho a la Educación, tras denunciar irregularidades en una escuela, añade.
El informe de Amnistía Internacional se refiere también a una ley aprobada por Chávez para la reforma policial y al anuncio de la Fiscalía General del Estado de que en 2009 crearía un equipo de investigación para examinar los más de 6.000 casos denunciados de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2000 y 2007.
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