Cadena Global.- La Fiscal General aceptó que Perú ejerce su derecho soberano al otorgarle asilo político a Manuel Rosales, pero opinó que con ello contribuye a la corrupción nacional e internacional.
En el programa de José Vicente Rangel, la Funcionaria afirmó que el exilio de Rosales en Perú, debería ser reflexionado por la nación andina, pues "esa conducta a criterio del Ministerio Público es peligrosa porque promueve la corrupción, los actos de corrupción y especialmente porque a nivel internacional".
"Hay una ley sobre asilo territorial, la cual regula la forma en la cual se va a otorgar asilo político. Define perfectamente la forma y en que caso se va a otorgar el asilo territorial. Define perfectamente que se otorga en aquellos casos en que la persona está siendo perseguida por sus ideas, por tener posiciones políticas. Pero el caso que nos ocupa no es así. El ex alcalde está siendo procesado por un hecho que está previsto en la Ley contra la corrupción, es un delito de salvaguarda, el atentó contra el patrimonio público".
Considera que ciertamente esa Ley estipula que cada estado en el ejercicio de su soberanía puede perfectamente otorgarle asilo a toda persona que considere otorgárselo. No obstante, esa conducta a criterio del Ministerio Público es peligrosa porque promueve la corrupción, los actos de corrupción y especialmente porque a nivel internacional se ha venido creando todos unos instrumentos jurídicos y legales para combatir y perseguir la corrupción.
"En este caso del Perú nos encontramos con una conducta, que de alguna manera fortalece, en lugar de combatir los actos de corrupción, la fortalece. Y tú sabes que la corrupción va agarrada de la mano del tráfico de drogas, consumo de drogas, legitimación de capitales, lavado de dinero. Entonces resulta peligroso no solo a nivel interno, sino para la comunidad internacional. Cada estado es soberano y puede tomar la decisión que a bien consideren. Pero deberían reflexionar acerca de ese caso, porque el delito por el cual se le persigue al ex alcalde, es uno de los más graves y los más básicos en materia de corrupción, como es enriquecimiento ilícito".
Yo percibo que hay más confianza
En el programa de José Vicente Rangel, la Funcionaria afirmó que el exilio de Rosales en Perú, debería ser reflexionado por la nación andina, pues "esa conducta a criterio del Ministerio Público es peligrosa porque promueve la corrupción, los actos de corrupción y especialmente porque a nivel internacional".
"Hay una ley sobre asilo territorial, la cual regula la forma en la cual se va a otorgar asilo político. Define perfectamente la forma y en que caso se va a otorgar el asilo territorial. Define perfectamente que se otorga en aquellos casos en que la persona está siendo perseguida por sus ideas, por tener posiciones políticas. Pero el caso que nos ocupa no es así. El ex alcalde está siendo procesado por un hecho que está previsto en la Ley contra la corrupción, es un delito de salvaguarda, el atentó contra el patrimonio público".
Considera que ciertamente esa Ley estipula que cada estado en el ejercicio de su soberanía puede perfectamente otorgarle asilo a toda persona que considere otorgárselo. No obstante, esa conducta a criterio del Ministerio Público es peligrosa porque promueve la corrupción, los actos de corrupción y especialmente porque a nivel internacional se ha venido creando todos unos instrumentos jurídicos y legales para combatir y perseguir la corrupción.
"En este caso del Perú nos encontramos con una conducta, que de alguna manera fortalece, en lugar de combatir los actos de corrupción, la fortalece. Y tú sabes que la corrupción va agarrada de la mano del tráfico de drogas, consumo de drogas, legitimación de capitales, lavado de dinero. Entonces resulta peligroso no solo a nivel interno, sino para la comunidad internacional. Cada estado es soberano y puede tomar la decisión que a bien consideren. Pero deberían reflexionar acerca de ese caso, porque el delito por el cual se le persigue al ex alcalde, es uno de los más graves y los más básicos en materia de corrupción, como es enriquecimiento ilícito".
Yo percibo que hay más confianza
"Por el contrario debería haber más confianza. Yo percibo que hay más confianza. La consigna del Ministerio público es no a la impunidad. Aquí en Venezuela hubo muchos casos de corrupción en la historia reciente. Como el caso de Recadi, la crisis financiera del 94, el caso del extinto congreso donde hubo un caso de extorsión y resultó preso el comerciante por denuncia extemporánea. En este momento tenemos militares de alto rango, ex alcaldes, Gobernadores, empresarios, banqueros enjuiciados".
En este sentido cree la Fiscal que se evidencia que en estos últimos años hay un interés de castigar los hechos punibles, ya la justicia y las leyes no son ya para las personas de menores recursos, sino para todos los ciudadanos.
En relación a la injerencia del factor político en la dirección de la administración actual de justicia, Ortega Díaz respondió que eso forma parte de la matriz de opinión con incidencia directa de periodistas y medios en el acontecer diario. De acuerdo a la simpatía del imputado el medio de simpatía comienza a descalificar el proceso judicial, se inicia la criminalización de fiscales. "Allí la balanza se inclina hacia la simpatía o no que tenga ese medio o periodista hacia el fiscal o la persona investigada".
Cree que los medios deberían cumplir con su papel de informar objetivamente lo que está ocurriendo y que sea el ciudadano común quien se haga la opinión de lo que está ocurriendo. "Deberían informar objetivamente, imparcialmente. Como debe ser la información: veraz".
Rangel ¿Uno percibe que se abre paso una justicia mediática que afecta el funcionamiento de la instituciones y genera zozobra en la colectividad?
Pudiera crear zozobra en el país, pero no influye en las instituciones. En lo que corresponde a la Fiscalía, las opiniones acerca de las actuaciones del Ministerio público – no es que no le importe al MP – sino que sencillamente nosotros no trabajamos con la opinión pública sino con las investigaciones, con las prácticas de las experticias, de las diligencias que al efecto se practican. Porque si no tendríamos a un MP para complacer a todo ciudadano que genere una matriz de opinión o que tenga una opinión contraria de decisiones apegadas a la Constitución y a la Ley que este haciendo el MP.
Rangel inquirió que frente a actuaciones que se le atribuyen trasfondo político, ¿Luisa Ortega se atiene a lo estrictamente profesional o atiende más a la política?.
Por supuesto que atiendo más a lo estrictamente profesional. Todas mis actuaciones son como Fiscal general, tengo que apegarme a todo lo que dicta la Constitución y la Ley y todo lo que recibo para la toma de decisiones es lo que me orienta en esa normativa. No lo que digan los ciudadanos, salvo que ese ciudadano tenga que ver con la investigación o porque sea imputado o víctima.
En relación a la última decisión del MP frente a un ex alcalde dijo la entrevistada que actúo apegada a la Ley. “Pero me preocupa mucho que ahora, en estos últimos años cuando de verdad se ha venido castigando los delitos contra el patrimonio público – que antes aquí era extraño ver eso - . Y que esas nuevas actuaciones conducen a una persecución política. Y eso me preocupa porque me preguntó ¿Sí será que algún sector de la sociedad pretende que no haya castigo, que haya impunidad?”.
Un sector de la sociedad, reclama castigo sanción, entonces resultan contradictorias las posturas. Por un lado hay quienes piden castigo, que no haya impunidad. Sin embargo cuando se tocan ciertos intereses de ciertas personas. Pareciera que ciertas personas se solidarizan y pretenden desdibujar el hecho delictivo que ha cometido esta persona. Será – piensa – que algunos sectores quieren que no se castigue, que no se sancione, que se deje que el Estado venezolano no ejerza su poder punitivo. Pase inadvertido hechos como este.
"Creo que nosotros estamos ante un nuevo país. Con nuevos valores, tratando de construir un hombre nuevo, que tenga ética, profesionalismo. Sobre la base de esos valores debemos hacer lo posible por castigar, sancionar todos aquellos hechos punibles que se hayan cometido contra las personas, no importa quien sea, no importa el título, el cargo o la posición económica que tenga".
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