AFP.- La comunidad internacional cierra el cerco a Honduras: mientras Naciones Unidas condena el golpe y pide la restitución del depuesto presidente Manuel Zelaya, los organismos financieros internacionales congelan los préstamos al pequeño país centroamericano, altamente vulnerable a los desastres naturales y la crisis económica.
La Asamblea General de Naciones Unidas, en cuya tribuna el presidente depuesto defendió su causa, aprobó una resolución por unanimidad en la que condena el golpe y pide que se le restituya en su cargo, del que fue expulsado por un golpe el pasado domingo.
Mientras tanto, los organismos financieros como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), anunciaron que suspenderán los préstamos y desembolsos al país centroamericano.
Roberto Micheletti, el nuevo presidente designado por el Congreso Nacional, aseguró en la noche del martes en cadena nacional que ante el bloqueo de los organismos internacionales, se garantizarán 20 millones de lempiras (1,1 millones de dólares) para luchar contra la gripe A (H1N1) y otros 30 millones (1,6 millones de dólares) para la prevención de las inundaciones.
La respuesta contundente de la comunidad internacional no ha hecho cambiar un ápice la voluntad de las autoridades hondureñas. El fiscal general, Luis Alberto Rubí, anunció el martes una orden de captura internacional contra Zelaya, al que acusa de 18 delitos, entre ellos, traición a la patria, abuso de autoridad y corrupción. Rubí advirtió que "inmediatamente" que Zelaya ponga un pie en el país será detenido.
El presidente depuesto, que este miércoles tiene previsto ir a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, ha anunciado que el jueves regresará al país, acompañado por el secretario general de la misma, José Miguel Insulza, y por la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, entre otros.
"El problema más difícil es cómo evitar un aislamiento total y convertirnos en un país paria", dijo a la AFP el analista y director del Movimiento Consenso Ciudadano, Efraín Díaz. "La comunidad internacional tiene que agotar determinados pasos antes de aislarnos", sostuvo antes de agregar que la visita de Insulza sería "inapropiada" y "más que ayudar, agravaría más el problema".
Tanto partidos políticos, como empresarios, medios de comunicación y buena parte de la población están en contra del retorno de Zelaya y aprueban su expulsión del gobierno y del país, el domingo, por las fuerzas armadas, cumpliendo una orden judicial apoyada por el Congreso Nacional.
Desoyendo a la justicia que la había declarado ilegal, Zelaya estaba determinado a realizar ese día una consulta popular cuyo fin último era reformar la Constitución para que incluya la reelección presidencial.
En la multitudinaria manifestación que realizaron el martes sus detractores en Tegucigalpa, abundaron los gritos de "¡que no vuelva, que no vuelva!" y los vítores al jefe del Estado Mayor conjunto, Romeo Vásquez, a quien destituyó Zelaya el pasado miércoles por resistirse a distribuir el material electoral para la consulta, y a su reemplazante Roberto Micheletti, de su propio partido.
Micheletti, que siempre ha asegurado que su destitución no fue un golpe de Estado sino una sucesión legal, aseguró que se mantiene el calendario electoral para el 29 de noviembre y la entrega del poder al presidente electo el 27 de enero. Para este miércoles están planeadas nuevas manifestaciones tanto a favor como en contra de Zelaya.
Los seguidores del presidente depuesto, que volvieron a las inmediaciones de la Casa Presidencial a pedir su restitución, se quejaron el martes de que los militares bloquearon decenas de buses cargados de personas que venían de todo el país a la capital a demostrarle su apoyo.
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