El organismo internacional destaca en el caso número 2763, interpuesto por Sunep-CGV, que el artículo 56 de la normativa habla de las penas de prisión de cinco a 10 años a los responsables de actividades que perturben o afecten "a la organización o funcionamiento de los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económica social del país" .
Señala el comité que la detención de sindicalistas, entre quienes se encuentra el secretario general de Ferrominera, Ruben González, desde este punto de vista "no se comprende y que pueden tener un efecto perjudicial y disuasorio en el ejercicio de los derechos sindicales".
Asimismo, alerta que existe un sinnúmero de casos judiciales a trabajadores que presentan retrasos. En este sentido, la OIT conmina al Gobierno venezolano a instar al poder judicial para que se adelanten los procesos judiciales.
El Universal
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