Unión Radio, EFE.- Las denuncias de corrupción en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) alcanzan a una operación presuntamente irregular realizada con un taladro de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), señalaron hoy fuentes oficiales.
En julio del año pasado el Gobierno de Bolivia presentó el taladro como una compra realizada a PDVSA, si bien ahora algunas fuentes aseguran que en realidad fue alquilado y que el Estado sufrió daños económicos por esa transacción.
YPFB fue intervenida a fines de enero por el Gobierno y un grupo de fiscales que investigan una presunta red de corrupción montada en su momento por su ex presidente Santos Ramírez, quien se encuentra encarcelado en un penal de La Paz.
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, calculó que el posible daño al Estado por el alquiler del taladro puede estar situado "entre 30 y 60 millones de dólares", confirmó hoy esa institución.
La funcionaria dijo a la prensa que el taladro no fue comprado "por malos manejos" y que el monto del alquiler resulta, a su juicio, más alto que la compra de un equipo propio, aunque en todo caso será la fiscalía de La Paz la que avance en esta investigación.
El senador Fernando Rodríguez, de la opositora Poder Democrático y Social (Podemos, derecha), que controla la Cámara Alta, dijo hoy a Efe que en 2008 hizo al Gobierno 20 peticiones por escrito para aclarar la situación del taladro, pero ninguna fue respondida.
Rodríguez señaló que el entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, actual presidente de YPFB, tiene una "responsabilidad" por no haber contestado los requerimientos del Senado sobre esa operación con el taladro.
En este momento para la Cámara Alta, dijo Rodríguez, no está claro si esa maquinaria fue comprada o alquilada.
El taladro llegó al país a mediados del año pasado en un acto que encabezó el presidente Evo Morales, quien dio la bienvenida a los cien camiones que transportaron la maquinaria desde los puertos de Chile.
El mes pasado Morales también participó en un acto en el que se anunció el inicio de las operaciones del taladro en un campo de gas del oriente del país en un proyecto compartido con la hispano argentina Repsol YPF.
Fuentes del sector petrolero dijeron hoy a Efe que el taladro no ha comenzado a funcionar plenamente y continúa en una etapa de pruebas.
La investigación sobre la presunta trama de corrupción en YPFB comenzó después del asesinato a fines de enero del empresario petrolero Jorge O'Connor, que el año pasado firmó un contrato por 86 millones de dólares para construir una planta de procesamiento de gas.
O'Connor fue asesinado al ingresar a la casa de unos familiares de la esposa de Santos Ramírez con 450.000 dólares en efectivo que, según la oposición, eran para pagar una "comisión ilegal" al ahora ex presidente de YPFB por la adjudicación del contrato.
En julio del año pasado el Gobierno de Bolivia presentó el taladro como una compra realizada a PDVSA, si bien ahora algunas fuentes aseguran que en realidad fue alquilado y que el Estado sufrió daños económicos por esa transacción.
YPFB fue intervenida a fines de enero por el Gobierno y un grupo de fiscales que investigan una presunta red de corrupción montada en su momento por su ex presidente Santos Ramírez, quien se encuentra encarcelado en un penal de La Paz.
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, calculó que el posible daño al Estado por el alquiler del taladro puede estar situado "entre 30 y 60 millones de dólares", confirmó hoy esa institución.
La funcionaria dijo a la prensa que el taladro no fue comprado "por malos manejos" y que el monto del alquiler resulta, a su juicio, más alto que la compra de un equipo propio, aunque en todo caso será la fiscalía de La Paz la que avance en esta investigación.
El senador Fernando Rodríguez, de la opositora Poder Democrático y Social (Podemos, derecha), que controla la Cámara Alta, dijo hoy a Efe que en 2008 hizo al Gobierno 20 peticiones por escrito para aclarar la situación del taladro, pero ninguna fue respondida.
Rodríguez señaló que el entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, actual presidente de YPFB, tiene una "responsabilidad" por no haber contestado los requerimientos del Senado sobre esa operación con el taladro.
En este momento para la Cámara Alta, dijo Rodríguez, no está claro si esa maquinaria fue comprada o alquilada.
El taladro llegó al país a mediados del año pasado en un acto que encabezó el presidente Evo Morales, quien dio la bienvenida a los cien camiones que transportaron la maquinaria desde los puertos de Chile.
El mes pasado Morales también participó en un acto en el que se anunció el inicio de las operaciones del taladro en un campo de gas del oriente del país en un proyecto compartido con la hispano argentina Repsol YPF.
Fuentes del sector petrolero dijeron hoy a Efe que el taladro no ha comenzado a funcionar plenamente y continúa en una etapa de pruebas.
La investigación sobre la presunta trama de corrupción en YPFB comenzó después del asesinato a fines de enero del empresario petrolero Jorge O'Connor, que el año pasado firmó un contrato por 86 millones de dólares para construir una planta de procesamiento de gas.
O'Connor fue asesinado al ingresar a la casa de unos familiares de la esposa de Santos Ramírez con 450.000 dólares en efectivo que, según la oposición, eran para pagar una "comisión ilegal" al ahora ex presidente de YPFB por la adjudicación del contrato.
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