AFP.- La cementera suiza Holcim presentó una demanda ante el tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial para pedir compensaciones al gobierno de Venezuela por la expropiación de sus fábricas en ese país, anunció el lunes la firma.
El grupo, que presentó la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, pide "una compensación total por la expropiación de su filial, Holcim Venezuela, por parte del gobierno venezolano", precisó Holcim en un comunicado.
La nacionalización de activos de Holcim concierne a dos plantas de cemento, varias canteras de materias primas y varias fábricas de producción, informó un portavoz del grupo, que se negó a precisar la suma que Holcim reclamará en concepto de compensaciones.
Según el grupo suizo, el decreto de nacionalización entró en vigor en junio de 2008 y el gobierno venezolano invitó a Holcim a negociar los términos de la venta de sus activos.
Holcim y Petróleos de Venezuela, en representación del gobierno de Caracas, firmaron una declaración de intenciones que preveía la cesión del 85% de su filial por 552 millones de dólares (402,6 millones de euros), según la misma fuente.
"Pero en octubre de 2008, el gobierno venezolano cesó toda comunicación", subrayó la cementera, agregando que "nunca se firmó ningún acuerdo y que Holcim no recibió ninguna compensación por los activos que se le expropiaron".
El grupo exige una compensación "al precio del mercado" en la fecha de la nacionalización.
A principios de diciembre, la cementera mexicana Cemex ya había presentado una demanda ante el tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial por la expropiación de sus fábricas en Venezuela.
En la Bolsa de Zúrich, las acciones de Holcim ganaban el lunes un 2,56% a 38,48 fracos suizos (34,33 dólares) en un mercado al alza del 1,50% a las 09H23 (08H23 GMT).
Las dos plantas cementeras de Holcim en Venezuela tienen una capacidad anual de 2,9 millones de toneladas y, en total, las actividades del grupo en el país representaban un 1%, es decir 200 millones de dólares, de la cifra de negocios total del grupo, según el banco Vontobel.
El analista Patrick Laager no prevé sin embargo que el gobierno de Caracas pague las compensaciones que reclama el grupo helvético, precisó en una nota de Vontobel.
El ejecutivo venezolano considera estratégica la nacionalización de la industria cementera y pretende con ella paliar el déficit de viviendas de Venezuela.
Caracas promulgó el 19 de junio un decreto para la nacionalización de las empresas productoras de cemento en manos de Cemex, Holcim y la francesa Lafarge.
Este decreto reserva al Estado la industria de fabricación de cemento en Venezuela y declara de "utilidad pública y de interés social" las actividades que desarrollan esas tres multinacionales.
Cemex fabrica el 50% del cemento en Venezuela, Holcim y Lafarge se reparten a partes iguales el 50% restante. La producción de cemento en este país alcanzó las 10,2 millones de toneladas en 2007.
Venezuela inició en 2007 una política de nacionalizaciones de industrias estratégicas, como la petrolera, las telecomunicaciones y la electricidad, que en 2008 también alcanzó a las industrias siderúrgica y cementera.
El grupo, que presentó la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, pide "una compensación total por la expropiación de su filial, Holcim Venezuela, por parte del gobierno venezolano", precisó Holcim en un comunicado.
La nacionalización de activos de Holcim concierne a dos plantas de cemento, varias canteras de materias primas y varias fábricas de producción, informó un portavoz del grupo, que se negó a precisar la suma que Holcim reclamará en concepto de compensaciones.
Según el grupo suizo, el decreto de nacionalización entró en vigor en junio de 2008 y el gobierno venezolano invitó a Holcim a negociar los términos de la venta de sus activos.
Holcim y Petróleos de Venezuela, en representación del gobierno de Caracas, firmaron una declaración de intenciones que preveía la cesión del 85% de su filial por 552 millones de dólares (402,6 millones de euros), según la misma fuente.
"Pero en octubre de 2008, el gobierno venezolano cesó toda comunicación", subrayó la cementera, agregando que "nunca se firmó ningún acuerdo y que Holcim no recibió ninguna compensación por los activos que se le expropiaron".
El grupo exige una compensación "al precio del mercado" en la fecha de la nacionalización.
A principios de diciembre, la cementera mexicana Cemex ya había presentado una demanda ante el tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial por la expropiación de sus fábricas en Venezuela.
En la Bolsa de Zúrich, las acciones de Holcim ganaban el lunes un 2,56% a 38,48 fracos suizos (34,33 dólares) en un mercado al alza del 1,50% a las 09H23 (08H23 GMT).
Las dos plantas cementeras de Holcim en Venezuela tienen una capacidad anual de 2,9 millones de toneladas y, en total, las actividades del grupo en el país representaban un 1%, es decir 200 millones de dólares, de la cifra de negocios total del grupo, según el banco Vontobel.
El analista Patrick Laager no prevé sin embargo que el gobierno de Caracas pague las compensaciones que reclama el grupo helvético, precisó en una nota de Vontobel.
El ejecutivo venezolano considera estratégica la nacionalización de la industria cementera y pretende con ella paliar el déficit de viviendas de Venezuela.
Caracas promulgó el 19 de junio un decreto para la nacionalización de las empresas productoras de cemento en manos de Cemex, Holcim y la francesa Lafarge.
Este decreto reserva al Estado la industria de fabricación de cemento en Venezuela y declara de "utilidad pública y de interés social" las actividades que desarrollan esas tres multinacionales.
Cemex fabrica el 50% del cemento en Venezuela, Holcim y Lafarge se reparten a partes iguales el 50% restante. La producción de cemento en este país alcanzó las 10,2 millones de toneladas en 2007.
Venezuela inició en 2007 una política de nacionalizaciones de industrias estratégicas, como la petrolera, las telecomunicaciones y la electricidad, que en 2008 también alcanzó a las industrias siderúrgica y cementera.
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