La justicia hondureña emitió este martes una orden de arresto contra el derrocado presidente Manuel Zelaya, mientras la comunidad internacional redoblaba sus presiones para que se le devuelva el cargo de forma "inmediata e incondicional".
Zelaya, derrocado el domingo y enviado al exilio de inmediato, será detenido "inmediatamante" si regresa al país, ya que es acusado de varios delitos, entre ellos "traición a la patria" y "usurpación de funciones", dijo este martes el fiscal general Luis Alberto Rubí.
El presidente derrocado había anunciado su intención de regresar a Honduras el jueves, acompañado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza y varios jefes de Estado latinoamericanos, entre ellos la argentina Cristina Kirchner.
A la misma hora del anuncio del fiscal general hondureño, desde Nueva York la Asamblea General de las Naciones Unidas reclamaba por aclamación "la inmediata e incondicional restauración del gobierno legítimo" encabezado por Zelaya.
Zelaya dijo este martes que espera que los militares golpistas acatarán su mando cuando regrese a Honduras, tras recibir el apoyo de Estados Unidos y del resto de la comunidad internacional.
"Estados Unidos está ofreciendo apoyo para mi retorno", dijo Zelaya en rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, sin dar detalles del tipo de respaldo que recibirá de Washington, donde era esperado la misma tarde.
El jefe de Estado depuesto, en su mensaje ante la ONU, calificó al golpe de Estado como un "zarpazo a la democracia" perpetrado por "líneas de élite que se oponen a los cambios".
"Creo que las Fuerzas Armadas en Honduras se van a rectificar y van a decir: ¡estamos a sus órdenes, señor presidente constitucional!". Dijo ser un hombre de fé y agregó: "la sangre de Cristo me va a proteger".
Zelaya aclaró por otra parte que no aspira a permanecer en el poder más allá de la conclusión de su mandato en enero próximo y aseguró que no volverá a ser presidente "nunca más".
Zelaya, quien había llegado al poder en elecciones democráticas ungido por un partido de derecha, giró Su línea durante su mandato, y finalizó ingresando a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), grupo de naciones con gobiernos de izquierda, entre ellos Venezuela, Cuba y Nicaragua.
El domingo militares que seguían órdenes de la Corte Suprema tomaron por asalto la casa presidencial, capturaron a Zelaya y lo sacaron del país de inmediato rumbo a Costa Rica.
Horas después el Congreso leyó una supuesta carta de renuncia de Zelaya -el presidente derrocado niega haber dimitido- y en base a la acefalía nombre al frente del gobierno a Roberto Micheletti.
Ningún país ha reconocido hasta el momento a las nuevas autoridades hondureñas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que Manuel Zelaya "sigue siendo el presidente de Honduras".
Los países de ALBA y otras varias naciones latinoamericanas llamaron en consultas a sus embajadores, entre ellos México, Brasil y Chile.
La tensa situación tenía también su correlato en las calles de Tegucigalpa y de otras ciudades, donde miles de personas se manifestaban a favor y en contra del presidente derrocado.
En el Parque Central de la capital, miles de detractores de Zelaya expresaban su apoyo a la nuevas autoridades elegidas por el Congreso Nacional.
Los manifestantes portaban una manta con la leyenda "Ni 1 día más", escrita sobre la silueta de un sombrero como los que suele lucir Zelaya.
En otro lugar, unas 10.000 simpatizantes del gobierno depuesto -según los organizadores- se congregaban ante la Corte de Justicia para trasladarse luego frente a la Casa de Gobierno, donde el lunes se registraron choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que dejaron varios heridos.
Las principales fuerzas sindicales, que junto a organizaciones sociales constituyen el principal apoyo del depuesto presidente, decretaron un paro general y cortaron varias carreteras, según dirigentes.
"El país está parado ahorita", dijo a AFP Juan Barahona, dirigente de una de las centrales sindicales.
Sin embargo amplios sectores de la población, políticos, empresarios y la mayoría de los medios de comunicación dieron su apoyo al derrocamiento de Zelaya.
Las autoridades elegidas para reemplazar a Zelaya insisten en que no hubo un golpe de Estado en el país sino un proceso legal instruido al presidente por desacatar a la justicia, que le prohibió celebrar una consulta popular que daría el paso inicial a una reforma de la Constitución.
"Aquí no hubo golpe de Estado porque los hondureños siguen regidos por la Constitución", dijo Micheletti.
"Respetamos a todo el mundo y sólo pedimos que nos respeten y nos dejen en paz, porque el país se encamina a elecciones generales libres y transparentes en noviembre", agregó el ex presidente del poder legislativo.
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