Estado aplicará todo el peso de la ley a constructoras implicadas en estafas

AVN .- Una mesa de alto nivel se instaló este lunes en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, en Caracas, para resolver la situación que afecta a más de 167.000 familias en el país, debido al cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y a las estafas sistemáticas practicadas por diversas empresas inmobiliarias.

El vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua, precisó que el mandato expreso del presidente Hugo Chávez se orienta a garantizar la vivienda a cada una de las familias afectadas.

En tal sentido, Jaua llamó a las constructoras e inmobiliarias denunciadas a cumplir con los contratos sin exigir un sólo requisito más.

“Ratificamos que actuaremos apegados a la Constitución y a las leyes, pero por encima de cualquier otro derecho prevalecerá el de estas familias. Esperaremos, antes de tomar cualquier medida, la buena disposición de las constructoras, que deben otorgar las viviendas sin pedir más requisitos, ni uno más. De no suceder esto, actuaremos con todo el peso de la ley”, dijo Jaua.

Las medidas a tomar contra las empresas implicadas en el cobro ilegal del IPC, las estafas y otras prácticas desviadas variarán de acuerdo con los delitos tipificados en la ley, que hasta el momento incluyen usura, estafa, incumplimiento de contratos y extorsión, entre otros.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para el Comercio, Richard Canán, agregó que hasta el momento han sido identificadas 31 empresas en todo el país, en más de 50 urbanismos investigados.

Los casos conocidos se remiten a contratos firmados hace dos, tres, cinco e incluso 13 años atrás.

Jaua y Canán coincidieron en el llamado a todos los venezolanos que enfrentan situaciones similares a denunciar sus casos ante las oficinas del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), además de no firmar, bajo ninguna medida de chantaje o intimidación, algún contrato adicional con las constructoras, fuera del que suscribieron inicialmente.

Luisa Calzada, una de las voceras de las 167.000 familias afectadas, explicó que esta situación se originó porque muchas constructoras pactaron contratos y no cumplieron los tiempos de entrega.

“Como existía para ellos (empresarios) el recurso del IPC, no les importaba retrasarse, hasta se beneficiaban con eso, porque en la medida que iba pasando el tiempo, el costo de la vivienda se iba incrementando. Muchas familias, que no pudieron pagar ese incremento, cobrado aún antes de concluir las viviendas, pues se quedaron sin la esperanza de tener un techo propio por no contar con las altas sumas de dinero exigido”, amplió Calzada.

Una vez que el cobro del IPC fue prohibido por el Estado, las constructoras optaron por incrementar el costo de las viviendas por la vía de cuotas adicionales o la firma de nuevos contratos con un “ajuste de precio”, que en varios casos ascendió hasta 300%, en comparación al costo establecido en los primeros contratos.

El diputado Augusto Montiel, quien representa a la Asamblea Nacional (AN) entre los organismos del Estado que asumieron las denuncias de los afectados, recordó que el 30 de agosto pasado fue instalada una sala situacional con voceros de los urbanismos denunciados en la sede principal del Indepabis, en Caracas.

“Ese fue el principio. Allí comenzamos a desenredar la maraña de miles de denuncias planteadas en todo el país. Ya tenemos 31 empresas identificadas, con los delitos bien tipificados. La mesa de alto nivel instalada hoy (lunes) incluye un mandato directo del presidente Hugo Chávez a resolver el problema”, dijo.

Detalló que ahora la prioridad es garantizar la entrega de las viviendas concluidas a sus respectivos dueños, pero, una vez asegurado ese objetivo, las denuncias serán referidas a la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para iniciar los procesos legales que correspondan.

Los casos conocidos en torno a estas estafas van desde la negación de las constructoras a entregar viviendas concluidas, o en proceso de construcción, hasta urbanismos que aún existen sólo en el papel pese al pago cancelado de las cuotas iniciales.

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